Cinco lecciones de un acoso judicial
La amenaza
de ir a la cárcel es uno de los demonios modernos que asustan a los
periodistas. Dos artículos del Código Penal colombiano, el 220 y el 221, establecen
prisión de entre uno y cuatro años para quienes cometan los delitos de injuria
y calumnia.La injuria
se presenta cuando una persona hace afirmaciones deshonrosas respecto a otra.
La calumnia se da cuando alguien dice que otra persona cometió una conducta
atípica, como un delito, por ejemplo. El objetivo
de aquellos artículos parece loable, pues busca respetar la honra de las
personas. Pero, al mismo tiempo, esas normas están lesionando el fundamental
derecho a la información que prima en la democracia.
Los
periodistas cargamos a cuestas la bellísima e indispensable labor de informar. Cuando
hacemos investigación, buscamos tres objetivos básicos. El primero, hacer
pública información a la que no puede acceder cualquier ciudadano. El segundo, ayudarles
a los ciudadanos a entender la realidad que rodea su vida cotidiana. Y el tercero,
llamar al poder, cualquier que sea, a que rinda cuentas cuando sus actos y sus
decisiones afectan a la sociedad.
La credibilidad de nuestro trabajo se basa en nuestra
capacidad de recoger y entregar información que cuente detalles de los hechos y
sus contextos. Mientras más precisión haya en cuanto a nombres, fechas, lugares
y cifras, más creíble será el trabajo periodístico.
En esa labor que nos corresponde a los reporteros aparecen nombres
de personas llamadas a rendir cuentas y a apretar clavijas para que las cosas
mejoren. Pero la moda es tomar aquellas peticiones que se hacen desde el
periodismo como una afrenta. Entonces viene la ley penal a actuar a favor de
quien se considera ofendido y prefiere evitar el escrutinio público. Esto es lo
que llamamos acoso judicial.
Con este contexto, y con mi camiseta de reportero puesta,
quise informar en el 2011 sobre las cuestionadas prácticas del médico Carlos
Alberto Ramos Corena. Él había sido denunciado públicamente y ante las autoridades
judiciales por algunas pacientes que afirmaron y ratificaron que se habían
sometido a procedimientos estéticos con él y que sus cuerpos habían quedado
lesionados. Incluso, los familiares de una paciente que murió después de una
cirugía plástica señalaban al médico Ramos como el responsable del procedimiento
sin acreditar los conocimientos necesarios.
No creo que mi intención requiera mayor explicación. Hacer
públicos aquellos hechos buscaba simplemente que la situación que corrigiera,
que no siguiera pasando y que los poderes implicados rindieran cuentas y
ejecutaran acciones para corregir lo anormal.
Pero en un hecho inesperado e inusual, terminé yo en el
banquillo de los acusados, literalmente. Después de documentar los hechos,
envié información a la revista Semana, medio en el que trabajaba en aquel
entonces, diciendo que “un médico general logró fama y reconocimiento como
cirujano plástico”. En el proceso de edición y corrección colectiva que
practica la revista a los textos antes de su publicación, la información que
envié se modificó. Lo que salió impreso y en la edición digital de Semana fue que
“un hombre sin tener título de médico se convirtió en uno de los cirujanos
plásticos más consultados de Medellín”.
El médico denunció a la revista Semana ante la Fiscalía por
aquella información que consideró injuriosa. La revista le informó a la
Fiscalía que yo había sido el responsable de las afirmaciones. La Fiscalía me
imputó el delito de injuria el pasado 16 de junio. Y el 12 de julio, la revista
Semana publicó una rectificación en la que reconoce que el error fue suyo y no
mío.
De este proceso que me ha quitado el sueño durante varias
noches he sacado algunas lecciones.
La justicia es miope.
La fiscal 197 de Bogotá, Margie Bustamante Serrato, me imputó cargos por el
delito de injuria. Con su decisión quedé yo más cerca de un ‘carcelazo’ que el
médico denunciado por sus pacientes. En todo este contexto, la vista de la funcionaria
enfocó mejor la afirmación injuriosa y no la situación que había de fondo.
Además de miope, la justicia es ligera, por no decir
mediocre. Los conocedores que consulté me hicieron énfasis en que para
imputarme cargos por injuria debió agotarse primero la etapa de la
conciliación. Es decir, la fiscal debió llamarnos al médico y a mí para que
intentáramos resolver la controversia sin desgastar el sistema judicial. Eso
nunca pasó. Jamás recibí una citación de la fiscal para conciliar.
Esta situación se le puso de conocimiento a la juez de
control de garantías en la audiencia del 16 de junio, para que declarara la
nulidad del proceso. La fiscal dijo que sí me había enviado comunicaciones
escritas y la juez le creyó de oídas. Hasta ahora desconozco a qué dirección me
envió comunicaciones la fiscal, pues no he tenido acceso al expediente y en la
Fiscalía me advirtieron que solo podré enterarme cuando me acusen como delincuente.
Tengo muy claro que el pasado abril personal del CTI me
buscó en una universidad donde soy profesor de cátedra. Me citaron para que
hiciera lo que llaman diligencia de arraigo, que consiste en dejar mis datos
para que me encuentren. Cumplí con ese deber, como corresponde, y hasta la
fecha no he recibido comunicación alguna de la Fiscalía en la dirección que
dejé registrada. No sobra llamar la atención sobre lo difícil que resultó para
el ente acusador encontrar a un periodista en Medellín. Curioso, al menos, si
se tiene en cuenta que, como periodista, soy una persona medianamente visible y
fácil de localizar.
Cómo se blinda un
periodista cuando investiga. A pesar de lo tormentoso que ha sido esta
situación para mi familia y para mí, nos dio bastante tranquilidad el soporte
de la información que guardé con juicio durante todo este tiempo. Eso me ha
permitido tener claro siempre que puedo demostrar que no fui yo quien hizo la
afirmación desacertada sobre el médico Ramos Corena. Además de tener una
abultada carpeta con información que compromete al médico, conservo los
soportes de la información que envié al medio de comunicación en su momento.
Aún guardo los correos de cuando propuse el tema el 26 de septiembre de 2011 y
de la información definitiva que envié el 11 de octubre del mismo año. Allí
consta que siempre dije que Ramos Corena era médico. Regla para aplicar ahora y
siempre: guardar soportes de todo.
La soledad de los
periodistas frente a los medios. Los medios pueden jugar a favor de los
periodistas mientras trabajen en ellos, pero una vez termine la relación
contractual, las empresas informativas pueden volverse victimarias. Cuando un reportero
se retira del medio puede dejar deudas pendientes con la justicia que debe
asumir corresponsablemente con la empresa. Pero, como parece que ocurrió en mi
caso, el medio puede intentar desembarazarse de la situación judicial
responsabilizando únicamente al reportero. Vale decir que finalmente la revista
Semana terminó asumiendo su responsabilidad y se comprometió a hacer gestiones
para que la Fiscalía me excluya del proceso penal.
Nunca confíes en un
editor. Esta frase no es mía. Aparece en una escena de la película ‘Los
secretos del poder’, pero ilustra bastante bien la situación de los reporteros
de cualquier rincón. No logro entender qué hay en la mente de un editor cuando
modifica un texto para hacerlo ‘llamativo’, ‘atractivo’ o ‘que interese al
lector’. Lo que sí tengo claro es que, con lo que estoy viviendo y lo que les
ha ocurrido con otros colegas, un editor puede poner en riesgo la libertad e
incluso la integridad de un reportero. La situación es paradójica en Colombia.
Nuestra realidad es tan irregular y llamativa, que no necesita exageraciones
para que despierte interés.
Los periodistas y la
ciudadanía somos uno solo. Cuando empezó este lío judicial contra mí, hace
un par de meses, sentí que estaba solo frente a tres grandes monstruos: la
Fiscalía, la revista Semana y el médico Carlos Ramos Corena. Pero gracias a colegas
que se encargaron de correr la voz respecto a mi situación y algunos que muy
solidariamente la hicieron pública, el cuento se regó y despertó un
insospechado respaldo en redes sociales. Este masivo apoyo se convirtió en mi
herramienta más fuerte para afrontar este lío. Más personas de las que imaginé criticaron
la actitud de la revista Semana, cuestionaron a la Fiscalía y se enteraron de las
irregulares actuaciones del médico Ramos Corena, el más interesado en ocultar
los hechos.
Aquel respaldo significa para mí una responsabilidad inmensa
porque me creyeron personas que ni siquiera me conocen. Que sea esta una nueva
oportunidad para agradecerles. Ahora lo que tengo que hacer es dejarles siempre
claro que no se equivocaron. Creo que la confianza se dio por la mera razón de
que actué del lado de los ciudadanos y no del poder, como me corresponde en mi
labor de periodista.
.jpg)
Detente corazón que si ese gasto casi
provoca un infarto, el asombro sí llegó cuando por medio de paramilitares, como
lo aseguró “Don Berna” de su administración, se hizo con la Operación Orión en
la que organizaciones de derechos humanos afirmaron que hubo 11 muertos y 70
desaparecidos, si bien, este accionar logró sacar a las milicias de la comuna
13, fue en ese momento cuando murió la filosofía de Gandhi a la No Violencia.
Pero ahí el desatino a sus asesores no
termina, porque Mujica anda en un Volskwagen fusca 1987, mientras él que se
hace llamar su discípulo anduvo tieso y parejo recorriendo las calles de la
ciudad con una motocicleta Virago estilo Harley Davidson.
Esperamos este balance: bien por los medios
que obtendrán más beneficios para llenar sus estómagos tan amplios, mal por la
libertad de expresión que lo adulará. Bien por los lagartos que podrán llenar
de elogios a la autoridad de las proezas antagónicas, mal por los ciudadanos de
a pie que no saben en qué se invierten los impuestos tan altos que pagan mes
tras mes.
