Por: Jonathan Bock, Fundación Para la Libertad de Prensa
La violencia
empleada durante años contra medios de comunicación impone ahora un
rotundo silencio informativo en la región. En la radio las noticias son
reemplazadas por música y los periódicos se llenan con reinas de
bellezas y reyes vallenatos.
A escasos kilómetros del aeropuerto de Caucasia, capital de la
subregión antioqueña del Bajo Cauca, aparece un ‘elefante blanco’ de
inmensas dimensiones, es la cabeza de la manada. Se trata de los
cimientos de lo que debería ser el mejor hospital del norte del
departamento, el más grande de Antioquia. Sin embargo, de la obra que se
inició en el 2011 con un presupuesto superior a los 30.000 millones de
pesos, (quince millones de dólares) que contemplaba 134 camas, servicio
de odontología, unidad de cuidados intensivos y el sistema de atención a
adultos, sólo se ve su esqueleto. La construcción lleva varios meses
paralizada y su futuro es incierto.
Cerca de ahí, en pleno
corazón de Caucasia, y a diez metros de la alcaldía municipal, otro
‘elefante’ asoma sus patas. Se trata de los cimientos de lo que debería
ser una biblioteca, obra en la que se han invertido dos mil millones de
pesos (un millón de dólares). También se encuentra abandonada. En este
caso el alcalde de la ciudad, José Nadín Arabia ha prometido recomponer
la construcción, aunque ya no se tratará de una biblioteca porque, a su
juicio, “los muchachos ya no leen”.
Otro altar a la corrupción y
al desgobierno aparece en Tarazá, a 60 kilómetros de Caucasia. Se trata
de la Clínica San Martín, construida por Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, jefe
paramilitar, fundador del bloque Mineros, quien durante los primeros
años del dos mil y con más de 1.500 hombres armados, dominó el Bajo
Cauca.
Después de la desmovilización de ‘Vanoy’, en el 2006, la
clínica cerró y estuvo bajo el control de la Dirección Nacional de
Estupefacientes. Sin embargo, hoy no hay rastro del edificio. “La gente
llega con martillos para llevarse hasta las paredes y después vender los
pedazos. La Alcaldía le pagaba a unos celadores pero hace bastante que
los retiró”, relata uno de los 45.000 habitantes de Tarazá.
Como
si de una manada de elefantes blancos se tratara, las huellas de la
corrupción permanecen evidentes a lo largo de las cuencas de los ríos
Cauca y Nechí. Sin embargo sus pisadas son silenciosas pues la prensa no
denuncia prácticamente nada de lo que ahí sucede. Las primeras páginas
de los periódicos no señalan a los responsables ni exigen explicaciones.
En la radio no se encienden las alertas, tampoco existen espacios para
el debate.
Los años de violencia contra los medios de
comunicación que ha vivido el Bajo Cauca obligaron a los medios a callar
y de paso ha condenado a sus más de 400.000 habitantes a un rotundo
silencio informativo.
Los medios no callan únicamente ante los
hechos de corrupción, también lo hacen frente a todos los males que
trazan el complejo panorama que se vive en los seis municipios que
forman el Bajo Cauca: Taraza, Caucasia, el Bagre, Nechi, Zaragoza y
Cáceres.
Temas como la proliferación de la minería ilegal, la
extorsión, la complicidad entre agentes de la fuerza pública y bandas
criminales; el aumento del microtráfico, así como la existencia de zonas
vedadas incluso para el Ejército, hacen parte del silencio informativo.
Los testimonios de decenas de periodistas recogidos por la Fundación
para la Libertad de Prensa –FLIP- dan fe de ello: “Yo estaba
investigando sobre la biblioteca cuando recibí llamadas que me
“aconsejaban” dejar de hacerlo”; Otra voz dice: "Podemos registrar los
acontecimientos, pero no podemos hacer periodismo de investigación”.
“Sencillamente no se puede escribir sobre alianzas entre las autoridades
locales y las Bacrim", relata un tercero. "Sabemos que hay temas que
valen la pena mirar pero mejor lo dejamos ahí". "Me gustaría informar
cuando el alcalde no está haciendo bien las cosas. Pero es peligroso".
Los medios se silencian y los silencian
Atrincherado en las paredes de la emisora comunitaria Morena FM,
ubicada en la plaza de Tarazá, un periodista resume cómo se han ido
apagando las noticias. “En el año 2009 funcionaban nueve emisoras y hoy
solo existimos nosotros, pero en nuestra programación ya no tenemos
ningún espacio noticioso, solo trasmitimos música y los servicios
sociales que pide la Alcaldía”.
La decisión de programar
canciones a cambio de noticias se precipitó a principios de 2013 cuando a
pocos metros de la emisora explotó una granada. Aunque no está claro si
el ataque estaba dirigido a ellos o a la Policía, que colindan con
Morena FM, la explosión fue tomada por los periodistas como una última
advertencia. “Antes registrábamos lo que pasaba en la región y en el
departamento, leíamos las noticias de los diarios durante el programa,
pero ahora ni siquiera eso podemos”.
En los municipios vecinos la
historia se repite y varios reporteros han tenido que salir en los
últimos meses de la zona. Desde el canal Teleantioquia confirman que sus
corresponsales en el Bajo Cauca y otros municipios cercanos como
Segovia, no pueden tocar temas de orden público pues inmediatamente
reciben amenazas. “Las noticias de esta región las tenemos que hacer
desde Medellín”, asegura un directivo.
En Caucasia, a pesar de
que existen más espacios de comunicación la situación no es muy
distinta. “En Caucasia Stereo hacíamos denuncias sobre lo que pasaba en
la región, pero después de un ataque con granadas contra la estación en
2011 y posteriores amenazas, dejamos de informar”, afirma un periodista
de la emisora. A pesar de que hay intención de parte de los periodistas
de investigar y denunciar lo que sucede, les resulta riesgoso ir más
allá del registro periodístico.
En la región hay dos periodistas que
cuentan con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de
Protección y uno de ellos también tiene medidas cautelares por parte de
la Corte interamericana de Derechos Humanos.
El gobernador de
Antioquia, Sergio Fajardo, le aseguró a la FLIP que hacer periodismo en
el departamento es una actividad peligrosa. “Los criminales saben que la
información es un bien muy poderoso y por eso atentan contra la
prensa”, señaló. Pero a pesar de que la radiografía está bien
identificada, las iniciativas dirigidas a revertir la situación
escasean.
Precisamente a finales de agosto de este año, la
actividad periodística fue gravemente afectada. En menos de tres
semanas, más de una decena de comunicadores fueron agredidos durante el
cubrimiento del paro minero. Esto derivó en el cese de actividades de
tres días por parte de los comunicadores más representativos de la zona,
ahondando aún más esta crisis.
Estado alterado
Juan Diego
Restrepo investigador antioqueño y editor de Verdad Abierta advierte
que la vida cotidiana del Bajo Cauca “se encuentra en estado de
alteración permanente desde cuando a comienzos del año 2007 las llamadas
Bacrim derivadas de las AUC, iniciaron su disputa por ese territorio”.
La cercanía del Bajo Cauca con el Nudo de Paramillo, su conexión con el
Urabá y su proximidad al golfo de Morrosquillo, utilizado por el
narcotráfico como puerto, hacen de esta región un punto estratégico para
los actores ilegales. Mientras que en los alrededores de Tarazá y El
Bagre hay presencia guerrillera de los frentes 18 y 36 de las Farc, en
el resto de la región los Urabeños luchan por el control de las
actividades ilegales.
No solo se trata de narcotráfico. La
minería, especialmente la extracción de oro, se ha convertido en una de
las principales fuentes de ingreso de las Bacrim. A tal punto que hay
corregimientos con importante actividad minera, donde las bandas impiden
la entrada de la Fuerza Pública.
A pesar de este complejo mapa,
el comandante del distrito especial de Caucasia, Teniente Coronel Álvaro
Cardozo, asegura que en materia de orden público los resultados son
positivos y que lo “peor ya pasó”. Resalta que en lo que va del año ha
habido una reducción del 50% de asesinatos respecto al año anterior.
El panorama de orden público presentado por el coronel Cardozo, quien
también afirma que en la región hay plena libertad de prensa, contrasta
dramáticamente con la percepción de periodistas y distintas autoridades.
“La estrategia de la lucha contra las Bacrim fracasó. Hay falta de
credibilidad hacia las autoridades y desconfianza a la hora de denunciar
ante la Fiscalía”, resume el alcalde de Caucasia José Nadín Arabia,
quien ocupa el cargo por tercera vez.
Ciudadanos y autoridades no
vacilan en asegurar que prácticamente todos los comerciantes de la
ciudad deben pagar una ‘vacuna’ que puede oscilar entre los mil pesos o
un millón. Nada de esto es recogido por la prensa. Tampoco se publican
el hecho de que la Fuerza Pública no puede hacer presencia en los
corregimientos de Barroblanco y Piamonte, del municipio de Tarazá, donde
a principios del 2013, hombres armados expulsaron a la periodista
española Salud Hernández, quien se encontraba haciendo un reportaje.
Para el investigador de Verdad Abierta, las dos caras del Bajo Cauca
resultan evidentes en todos sus aspectos: la región genera riqueza, pero
la mayoría de sus habitantes padecen los estragos de la pobreza; hay
trabajo, pero la informalidad laboral se impone; hay presencia
institucional, tanto pública como privada, pero desarticulada en sus
objetivos y limitada en sus alcances.
Conocer la verdad de lo que
ocurre en el Bajo Cauca es prácticamente imposible, solo existen
verdades y mentiras a medias, precisamente por el silencio de la prensa,
hoy acallada después de años de violencia en su contra. Lo que ahí
ocurre es como una pelea de perros debajo de un tapete, todo el mundo
sabe que algo se mueve pero no se conoce qué está pasando.
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Harry Drivas y sus amigos extranjeros, que pagaban miles de dólares a
las chicas en Medellín, disfrutaron de las bellas paisas por medio del
turismo sexual. Algunas mujeres se fueron a vivir con los extranjeros y
consiguieron su media naranja soñada. La gran mayoría de ellas tienen
fotos de viajes en su red social en Cuba y Panamá. Fotos tomadas de
Colombia Jake
Cada cliente pagaba 10.000 dólares por un paquete que incluía tiquetes
de avión, hospedaje, paseos con las chicas por la ciudad y propinas de
500 dólares por salida. De igual firma podían ir a su edificio a usar el
jacuzzi inflable apetecido en Redes Sociales por las jovencitas. Si el
extranjero lograba enamorar a la chica, pagaba una comisión antes de
irse a vivir con ella a su país natal. 
