Un periodista de Colombia que peleó, solo, contra tres grandes monstruos

Por: @JuanesMejia_

Cinco lecciones de un acoso judicial

La amenaza de ir a la cárcel es uno de los demonios modernos que asustan a los periodistas. Dos artículos del Código Penal colombiano, el 220 y el 221, establecen prisión de entre uno y cuatro años para quienes cometan los delitos de injuria y calumnia.La injuria se presenta cuando una persona hace afirmaciones deshonrosas respecto a otra. La calumnia se da cuando alguien dice que otra persona cometió una conducta atípica, como un delito, por ejemplo. El objetivo de aquellos artículos parece loable, pues busca respetar la honra de las personas. Pero, al mismo tiempo, esas normas están lesionando el fundamental derecho a la información que prima en la democracia.

 

La credibilidad de nuestro trabajo se basa en nuestra capacidad de recoger y entregar información que cuente detalles de los hechos y sus contextos. Mientras más precisión haya en cuanto a nombres, fechas, lugares y cifras, más creíble será el trabajo periodístico.

En esa labor que nos corresponde a los reporteros aparecen nombres de personas llamadas a rendir cuentas y a apretar clavijas para que las cosas mejoren. Pero la moda es tomar aquellas peticiones que se hacen desde el periodismo como una afrenta. Entonces viene la ley penal a actuar a favor de quien se considera ofendido y prefiere evitar el escrutinio público. Esto es lo que llamamos acoso judicial.

Con este contexto, y con mi camiseta de reportero puesta, quise informar en el 2011 sobre las cuestionadas prácticas del médico Carlos Alberto Ramos Corena. Él había sido denunciado públicamente y ante las autoridades judiciales por algunas pacientes que afirmaron y ratificaron que se habían sometido a procedimientos estéticos con él y que sus cuerpos habían quedado lesionados. Incluso, los familiares de una paciente que murió después de una cirugía plástica señalaban al médico Ramos como el responsable del procedimiento sin acreditar los conocimientos necesarios.

No creo que mi intención requiera mayor explicación. Hacer públicos aquellos hechos buscaba simplemente que la situación que corrigiera, que no siguiera pasando y que los poderes implicados rindieran cuentas y ejecutaran acciones para corregir lo anormal.

Pero en un hecho inesperado e inusual, terminé yo en el banquillo de los acusados, literalmente. Después de documentar los hechos, envié información a la revista Semana, medio en el que trabajaba en aquel entonces, diciendo que “un médico general logró fama y reconocimiento como cirujano plástico”. En el proceso de edición y corrección colectiva que practica la revista a los textos antes de su publicación, la información que envié se modificó. Lo que salió impreso y en la edición digital de Semana fue que “un hombre sin tener título de médico se convirtió en uno de los cirujanos plásticos más consultados de Medellín”.

El médico denunció a la revista Semana ante la Fiscalía por aquella información que consideró injuriosa. La revista le informó a la Fiscalía que yo había sido el responsable de las afirmaciones. La Fiscalía me imputó el delito de injuria el pasado 16 de junio. Y el 12 de julio, la revista Semana publicó una rectificación en la que reconoce que el error fue suyo y no mío.

De este proceso que me ha quitado el sueño durante varias noches he sacado algunas lecciones.

La justicia es miope. La fiscal 197 de Bogotá, Margie Bustamante Serrato, me imputó cargos por el delito de injuria. Con su decisión quedé yo más cerca de un ‘carcelazo’ que el médico denunciado por sus pacientes. En todo este contexto, la vista de la funcionaria enfocó mejor la afirmación injuriosa y no la situación que había de fondo.

Además de miope, la justicia es ligera, por no decir mediocre. Los conocedores que consulté me hicieron énfasis en que para imputarme cargos por injuria debió agotarse primero la etapa de la conciliación. Es decir, la fiscal debió llamarnos al médico y a mí para que intentáramos resolver la controversia sin desgastar el sistema judicial. Eso nunca pasó. Jamás recibí una citación de la fiscal para conciliar.

Esta situación se le puso de conocimiento a la juez de control de garantías en la audiencia del 16 de junio, para que declarara la nulidad del proceso. La fiscal dijo que sí me había enviado comunicaciones escritas y la juez le creyó de oídas. Hasta ahora desconozco a qué dirección me envió comunicaciones la fiscal, pues no he tenido acceso al expediente y en la Fiscalía me advirtieron que solo podré enterarme cuando me acusen como delincuente.

Tengo muy claro que el pasado abril personal del CTI me buscó en una universidad donde soy profesor de cátedra. Me citaron para que hiciera lo que llaman diligencia de arraigo, que consiste en dejar mis datos para que me encuentren. Cumplí con ese deber, como corresponde, y hasta la fecha no he recibido comunicación alguna de la Fiscalía en la dirección que dejé registrada. No sobra llamar la atención sobre lo difícil que resultó para el ente acusador encontrar a un periodista en Medellín. Curioso, al menos, si se tiene en cuenta que, como periodista, soy una persona medianamente visible y fácil de localizar.

Cómo se blinda un periodista cuando investiga. A pesar de lo tormentoso que ha sido esta situación para mi familia y para mí, nos dio bastante tranquilidad el soporte de la información que guardé con juicio durante todo este tiempo. Eso me ha permitido tener claro siempre que puedo demostrar que no fui yo quien hizo la afirmación desacertada sobre el médico Ramos Corena. Además de tener una abultada carpeta con información que compromete al médico, conservo los soportes de la información que envié al medio de comunicación en su momento. Aún guardo los correos de cuando propuse el tema el 26 de septiembre de 2011 y de la información definitiva que envié el 11 de octubre del mismo año. Allí consta que siempre dije que Ramos Corena era médico. Regla para aplicar ahora y siempre: guardar soportes de todo.  

La soledad de los periodistas frente a los medios. Los medios pueden jugar a favor de los periodistas mientras trabajen en ellos, pero una vez termine la relación contractual, las empresas informativas pueden volverse victimarias. Cuando un reportero se retira del medio puede dejar deudas pendientes con la justicia que debe asumir corresponsablemente con la empresa. Pero, como parece que ocurrió en mi caso, el medio puede intentar desembarazarse de la situación judicial responsabilizando únicamente al reportero. Vale decir que finalmente la revista Semana terminó asumiendo su responsabilidad y se comprometió a hacer gestiones para que la Fiscalía me excluya del proceso penal.

Nunca confíes en un editor. Esta frase no es mía. Aparece en una escena de la película ‘Los secretos del poder’, pero ilustra bastante bien la situación de los reporteros de cualquier rincón. No logro entender qué hay en la mente de un editor cuando modifica un texto para hacerlo ‘llamativo’, ‘atractivo’ o ‘que interese al lector’. Lo que sí tengo claro es que, con lo que estoy viviendo y lo que les ha ocurrido con otros colegas, un editor puede poner en riesgo la libertad e incluso la integridad de un reportero. La situación es paradójica en Colombia. Nuestra realidad es tan irregular y llamativa, que no necesita exageraciones para que despierte interés.

Los periodistas y la ciudadanía somos uno solo. Cuando empezó este lío judicial contra mí, hace un par de meses, sentí que estaba solo frente a tres grandes monstruos: la Fiscalía, la revista Semana y el médico Carlos Ramos Corena. Pero gracias a colegas que se encargaron de correr la voz respecto a mi situación y algunos que muy solidariamente la hicieron pública, el cuento se regó y despertó un insospechado respaldo en redes sociales. Este masivo apoyo se convirtió en mi herramienta más fuerte para afrontar este lío. Más personas de las que imaginé criticaron la actitud de la revista Semana, cuestionaron a la Fiscalía y se enteraron de las irregulares actuaciones del médico Ramos Corena, el más interesado en ocultar los hechos.